En la Calle y Sin Permiso: El Movimiento Estudiantil Chileno

Por: Lucas Pavez

Estudiante de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

(Pontificia Universidad de Valparaíso-Chile) 

El recién pasado 2011, Chile vivió la más grande movilización social desde la vuelta a la democracia después de la sangrienta dictadura del general Pinochet. Pero ese mismo pasado de represión y violación a los derechos humanos, fue parte causal de este nuevo despertar de la sociedad, ya que antes de llegar al poder, Pinochet logró consolidar en el país el modelo económico neoliberal, fundado en la intervención tecnócrata de los Chicago Boys, la privatización de empresas nacionales y servicios básicos, y la Constitución de 1980 (y la Reforma educacional del 81), que fue la legalización de un sistema político fundamentado en el lucro, donde las ganancias no se reinvierten en pos del bien común.

           

Fueron los estudiantes quienes nuevamente (así como el 2001 y 2006 anteriormente) alzaron la voz en la lucha social contra la institucionalidad neoliberalizante. Y sus reivindicaciones eran directo reflejo de una problemática que gatillaba el modelo educacional que preservaba y potenciaba la educación como un negocio antes que como un derecho. Así, las consignas de una educación pública, gratuita y de calidad, tienen como trasfondo el exigir el fin a ese sistema que negocia y lucra con la educación de la juventud, donde el Estado abandonó sus responsabilidades hacia la sociedad civil y que se alejó de la regulación del sistema de educación superior, y que terminó por garantizar sólo la precariedad de la calidad en la enseñanza de millones de personas, acentuando la desigualdad económica y cultural que caracteriza a este país donde el 10% de la población se lleva el 45% de la riqueza nacional.

            

Pero naturalmente, lo que primero hay que cuestionarse es cómo comienzan las movilizaciones, ya que esta reivindicación por mucho que sea justa y necesaria, tiene un comienzo, una activación social que la provoque para que repercuta en la sociedad. Dicha activación tiene un doble cariz. Por un lado, la elección de un presidente de derecha (Sebastián Piñera de la Alianza por Chile, pacto UDI-RN) significó un remesón al panorama político chileno, sistema muy deslegitimado por la gestión del pacto de centro-izquierda (la Concertación) que había gobernado por 20 años, quienes además de no lograr una real construcción de un proyecto país enfocado en lo social (muy por el contrario se consolidó aun más la neoliberalización de Chile), terminaron por despolitizar la sociedad. Así, la promesa tecnócrata del empresario Piñera terminó por ser atractiva para la sociedad descontenta, pero desconocedora de alternativas desde abajo. No obstante, la problemática de inicios de año en Magallanes (conflicto por el alza de los combustibles) mostró el verdadero rostro que un gobierno de derecha tiene frente a la manifestación social y de cómo no responder al bienestar para la sociedad, privilegiando los intereses privados, ya que frente a la protesta no se buscó una directa solución, sino que primeramente se pretendió aplacar las manifestaciones con represión, mostrando mucho de ese viejo pasado dictatorial, donde se veía a la sociedad como el enemigo interno, a quien había que derrotar por el miedo. Fue de esa manera que se consiguieron los conflictos sociales (la huelga de los presos políticos mapuche, la no reconstrucción post-terremoto en Dichato, el peligro en la Patagonia por la hidroeléctrica HidroAysén, la termoeléctrica en Punta Choros, San Antonio, por nombrar los más relevantes), hasta que llegando fines de Mayo, en la cuenta pública del presidente en Valparaíso, el no pronunciamiento de soluciones en temas de educación -cuando ya algunas universidades se movilizaban y las marchas se iniciaban tibiamente- significó que los estudiantes universitarios radicalizaran sus posturas frente a la invisibilización de parte del gobierno, de las demandas que se pedían para terminar con el endeudamiento como única forma de acceder a la educación universitaria.

           

Estas medidas radicalizadas significaron tomas (ocupaciones de sus espacios por parte de los estudiantes) y protestas callejeras cada semana más masivas. Poco a poco las movilizaciones de carácter interno con reivindicaciones micro fueron adquiriendo una unidad donde las redes comunicacionales y la conducción política de la Confederación de Estudiantes de Chile tuvieron un papel clave. Se comenzó a tomar conciencia de que cada lucha en cada espacio tenía un origen estructural fundado en el sistema educacional impuesto en Dictadura, y que la solución a esto sólo se daría derrocando el sistema completo y no gestionando mejoras o reformándolo.

            

Esta lucha reivindicativa progresivamente adquirió fuerza. La lucha era considerada justa, y hacía eco en cada estudiante que hipotecaba su futuro con la deuda universitaria entregada por el Crédito con Aval del Estado o Crédito Fondo Solidario. Era justo y necesario salir a las calles a manifestarse por el fin a una educación de mercado, y todos los estudiantes comprendía eso. La naturaleza de la demanda hacía prácticamente nula una oposición dentro del propio gremio, muy por el contrario, estudiantes de izquierda, de centro, que nunca habían salido a marchar, que se autodenominaban despolitizados, entre otros, respaldaban las exigencias, y es más, participaban activamente en la construcción de propuestas, las reflexiones colectivas en asambleas, la expresión cultural en cada marcha y en otras múltiples formas de manifestarse, factor muy rescatable de estas movilizaciones.

            

Poco a poco la enorme masividad comenzó a hacer visible las protestas de los estudiantes, las tomas se posicionaban como espacios de trabajo e inclusión, y no de exclusión, las marchas volvieron a atraer a las familias con sus caracteres festivos y no violentos; poco a poco la sociedad comenzó a apoyar a los estudiantes, se dilucidó que detrás de cada estudiantes movilizado había una familia endeudada. Y ya el gobierno no pudo obviar las protestas, sumado a las masivas marchas, el factor mediático fue un eje, donde los voceros de la CONFECH se hicieron públicos, interpelando a senadores y al gobierno, demostrando un manejo conceptual muy superior al de los propios representantes del aparato estatal. Se demostró que el estudiantado sabía qué hablaba y sabía lo que quería.

            

En amplitud, no era un movimiento estudiantil, era una sociedad en movimiento por sus repercusiones. Se cuestionaban las bases del sistema económico-social, se cuestionaban a los operadores políticos que desde la institucionalidad indicaban salidas al conflicto. No era sino una revolución de las expectativas crecientes. La amplitud en la cobertura en educación de los últimos años hizo que miles de jóvenes tuvieran la oportunidad de entrar a la educación superior y la visualizaran como herramienta de ascenso social, sin embargo al denotarse la precaria calidad de la educación que se recibían, al verse los costos económicos (el endeudamiento) que esto conllevaba y las escasas posibilidad de surgir en un mercado laboral limitado, terminó por generar en la sociedad una frustración masiva frente al modelo país neoliberal que por un lado generaba un crecimiento macro económico notable, pero que en el plano social, no demostraba ningún bienestar para las familias. Tal era el soterrado panorama que la sociedad en Chile evidenciaba.

           

Las respuestas entregadas desde el gobierno no satisfacían las demandas estudiantiles (Gran Acuerdo Nacional por la Educación y GANE 2.0); más becas y más bonos no daban una solución estructural a las exigencias del movimiento que pedía fin al lucro en la educación. Así cayeron 2 ministros de educación, por la ineficacia para poder aplacar las movilizaciones. Pero el tira y afloja del propuesta entrega-propuesta rechazada generaba tensiones, ya que las propuestas no estaban fundamentadas en las peticiones del movimiento; en la praxis no había un diálogo entre Estado y sociedad civil, se sostenía la asimetría en la relación social, generándose más malestar de ambas partes por la no solución al conflicto. De este modo las tensiones evidenciaron las posturas antagónicas.

           

Finalmente el conflicto tomó un cariz radical en su amplio sentido. Como todo movimiento estudiantil, tiene la debilidad de no afectar directamente la relación capital-trabajo, centrando su fuerza en la masividad, pero que más temprano que tarde termina por desgastarse. La institucionalidad optó por hacer caso omiso a las soluciones, gestionando según su visión sistémica –evidenciando un antagonismo de paradigmas- y apelando a una derrota militar antes que una solución política, al ser la represión la única respuesta del aparato estatal. La cultura del miedo se generó fuertemente, los medios de información masiva y la institucionalidad terminaron por criminalizar al movimiento estudiantil enfocándose en los disturbios, pero invisibilizando la violencia policial, ocultando los montajes para inculpar a determinados líderes estudiantiles para amedrentarlos, y promoviendo leyes que cooptan la expresión social (ley Hinzpeter). Parte de la violencia estructural que el capitalismo genera en la sociedad, con su explotación y desigualdad.

            

Pero en lo concreto, el movimiento estudiantil logró muchas victorias, no obstante la represión, criminalización, desgaste y la no solución directa de las demandas establecidas. En la sociedad civil, reactivó la politización y participación de las personas en los temas públicos, (re)creó relaciones de solidaridad entre las personas, reavivó conciencia de que sólo la organización logrará una transformación sistémica, incentivó a abandonar el silencio frente a las problemáticas sociales, y puso en la palestra el cuestionamiento directo a las formas en que se conduce al país, es decir, fue un despertar de la sociedad. En lo político, sentenció la aguda crisis de legitimidad del sistema político en su total, demostrando que el cauce del país no debe ser tomado por una clase política (privilegiada) que es antagónica la participación ciudadana, por lo que apremia una liberación de las ataduras dictatoriales mediante una Asamblea Constituyente.

            

Para terminar, señalar que quedan muchas tareas por cumplir. Las asambleas este 2012 se han vaciado, las marchas han bajado su masividad, pero la organización social se ha fortalecido. Hay que reactivar una sociedad en movimiento. Y falta capitalizar esa fuerza social en una alternativa política contra y alter hegemónica consolidada. Debe construirse territorialmente -a nivel micro y macro- una real opción de autodeterminación popular.